El presidente del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado que el alcalde, Jaume Collboni otorgó en 2024 el 83% de sus contratos públicos a dedo. En este sentido, ha pedido explicaciones a Collboni en la fiscalización de la Cuenta General 2024 del Ayuntamiento de Barcelona. Por ello, entre otros motivos, el PP ha votado en contra de la aprobación inicial en la comisión especial de cuentas del pasado lunes. “Este modelo fomenta la opacidad y es signo de mala gestión. Presumen de transparencia, pero practican la arbitrariedad”, ha determinado el dirigente popular.
Daniel Sirera ha defendido que “la adjudicación directa no es ilícita si se ajusta a los límites y supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, pero la generalización de su uso incurre, como mínimo en una grave irregularidad administrativa que vulnera los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad”.
El presidente popular ha declarado que “en total, se han adjudicado 5.831 contratos de forma directa (un 83,04% del total), traducido en importe económico resulta en un total de aproximadamente más de 22 millones de euros. Y en autorizaciones genéricas, otros dos millones y medio, lo que da un total de casi 25 millones de euros adjudicados a dedo”.
Además, Daniel Sirera ha manifestado que “hemos detectado posibles fraccionamientos contractuales en diversos contratos menores adjudicados a la misma empresa y con importes inferiores al umbral legal (15.000 € + IVA) con el objetivo de eludir procedimientos abiertos con publicidad y concurrencia. Algunos de estos contratos son del ámbito de la conserjería, del servicio de apoyo al voluntariado del CAACB (Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona) o el proyecto comunitario Street Art Raval Sud”.
Sirera ha criticado que “este uso masivo no responde a situaciones excepcionales, como en la época del COVID-19 sino que se ha convertido en la norma habitual del gobierno socialista de Jaume Collboni”. Finalmente, ha exigido “transparencia, responsabilidad y acabar con esta práctica que degrada la gestión pública en Barcelona”.
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