Las prácticas cuestionables de Ada Colau a la hora de repartir subvenciones a entidades afines fue uno de los principales motivos de desgaste de la entonces alcaldesa de Barcelona. Ella siempre negó haber cometido cualquier ilegalidad, pero la investigación sigue su curso, y es bueno que así sea porque somos muchos los que pensamos que no fue un comportamiento ejemplar. Ahora hay que dilucidar su legalidad.
Las subvenciones al Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APe) e Ingeniería Sin Fronteras (ESF) son las que están en el punto de mira de la Audiencia de Barcelona.
La Audiencia ha estimado un recurso presentado por la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades y la Asociación para la Transparencia contra la decisión del Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona de rechazar la práctica de diligencias, como citar como investigada a la interventora municipal que firmó el primer convenio de ayudas en 2014 y luego participó en la tramitación de la concesión de otras subvenciones públicas.
Los jueces han exigido a dicho juzgado de instrucción que requiera al consistorio barcelonés y a esas cuatro asociaciones para que justifiquen «el destino» de las ayudas otorgadas, tal y cómo ha publicado ‘El Periódico de Catalunya’. Y es que la Audiencia argumenta que «varias de las personas que intervinieron en la concesión de las subvenciones tenían vínculos con las entidades que recibieron el dinero», lo que motiva que conocer el destino de las subvenciones podría «aportar» información «relevante» para considerar si al darse las subvenciones los que las aprobaban «eran conscientes de estar dando un uso desviado a fondos públicos».
Ada Colau siempre ha asegurado que la tramitación de estas subvenciones se hizo de forma correcta, pero todavía sigue imputada, lo que no quiere decir nada porque cuenta con la presunción de inocencia. La justicia dictará si cometió un delito o no, pero los Comunes han de repasar si su forma de repartir ayudas públicas, aunque fueran legales, son las más adecuadas para un partido que va dando lecciones de ética a los demás.
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