El foco mediático ha iluminado con intensidad el escándalo de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su entorno, y los casos de presunto acoso sexual en el seno del PSOE, pero la izquierda en el Gobierno parece ignorar la amenaza de mayor calado. Combatir el presunto saqueo de las arcas públicas, aunque necesario, es solo una parte de la ecuación. El Código Penal ofrece herramientas eficaces contra los que meten la mano en la caja.
Sin embargo, hay venenos más sutiles y dañinos para la democracia española que el ‘caso Koldo’. Los líderes separatistas, como Carles Puigdemont o el republicano Oriol Junqueras, representan una amenaza mucho más letal a largo plazo. Sus políticas no buscan un beneficio económico personal, sino la fractura de la convivencia y la deslegitimación del Estado.
Los efectos del nacionalismo tribalista son profundos y minan las almas de millones de compatriotas con leyendas de superioridad cultural o lingüística. Es una batalla mucho más difícil de ganar que una simple investigación judicial por malversación o cohecho.
La paradoja es que muchos separatistas pueden condenar la deshonestidad en el manejo del dinero público, pero al mismo tiempo compran sin reservas los postulados más fanáticos. De igual modo, algunos separatistas exigen transparencia a sus dirigentes, pero justifican la violación de derechos lingüísticos en las escuelas. Miles de niños son obligados a recibir una educación solo en euskera o en catalán, lo que supone un claro atropello a sus derechos civiles.
El gran reto de la democracia española actual es, precisamente, enfrentar este fanatismo identitario que viola a diario los derechos de miles de ciudadanos en Cataluña, el País Vasco y en otras comunidades autónomas. La inmersión lingüística en la escuela es una de sus herramientas.
Cada vez que un menor es forzado a sufrir este modelo de inmersión, se está permitiendo una vulneración de sus derechos fundamentales. Lo mismo ocurre cuando se imponen barreras lingüísticas para acceder a un puesto de trabajo público.
La exclusión de empresas o profesionales de contratos y ayudas por no usar las lenguas cooficiales es otra manifestación de esta deriva. Estas prácticas crean, de facto, ciudadanos de primera y de segunda categoría en función de su lengua o identidad.
El Gobierno del PSOE parece más interesado en capear el temporal de la corrupción interna, ejemplificada en el caso de Koldo García o la figura de Santos Cerdán, que en combatir el verdadero foco de inestabilidad. Arnaldo Otegi, socio de investidura, envenena el espíritu democrático mucho más que cualquier presunto comisionista.
Mientras la izquierda se enreda en el debate de los presuntos sobres, el nacionalismo sigue erosionando el Estado de Derecho y los derechos civiles básicos. La corrupción es punible, pero el sectarismo identitario, si no se combate con firmeza, destruye la convivencia de forma irreversible.
NOTA DE LA REDACCIÓN: elCatalán.es necesita su apoyo para seguir con nuestra labor de defensa del constitucionalismo catalán y de la unidad de nuestro país frente al separatismo. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
