El Partido Popular de Rubí ha documentado que las 17 cámaras de videovigilancia instaladas en el barrio de Les Torres en el aparcamiento del Rubí Forma, en la plaza de la Constitución y su zona inferior y en la plaza de la Estación de Ferrocarriles de la Generalitat están sin la autorización administrativa que exige la ley. La formación popular llevará el asunto al próximo Pleno municipal.
La instalación de cámaras fijas de videovigilancia en la vía pública requiere autorización previa de la Dirección General de Administración de Seguridad del Departamento de Interior, con informe previo y preceptivo de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña. Así lo establecen la Ley Orgánica 4/1997 y su normativa de desarrollo.
En agosto de 2026, en respuesta a la consulta de este grupo municipal, el Departamento de Interior reiteró, mediante un escrito firmado por la propia directora general de administración de seguridad que “no consta ninguna autorización posterior relativa a la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en el municipio de Rubí”. La única autorización que consta en Rubí corresponde a un sistema de 22 cámaras, otorgado el 16 de marzo de 2021, que no ampara los nuevos dispositivos.
La ley exige que cada autorización se refiera a los lugares públicos concretos que van a ser observados. «No discutimos las cámaras: discutimos que se hayan pagado sin hacer el trámite que las hace legales» El portavoz y presidente del Partido Popular de Rubí, Juan José Giner, subraya que la formación siempre ha defendido la instalación de cámaras en Les Torres. «No estamos discutiendo si Les Torres debe tener cámaras. Los vecinos llevan años pidiéndolas y nosotros las hemos defendido siempre. Lo que denunciamos es que se han gastado casi 180.000 euros en diecisiete cámaras que, tal y como están, no pueden utilizarse, porque nadie hizo el trámite que las hace legales».
El Partido Popular insiste en que no se trata de una cuestión menor. «No es un error técnico ni un papel que falta en un cajón. Es la autorización que da cobertura legal a grabar a personas en la calle. Sin ella, ese tratamiento de imágenes no tiene amparo. Y si algún día hiciera falta una de esas imágenes para un hecho grave, su origen sería discutible».Una inversión de casi 180.000 euros recibida en febrero de 2025 El contrato se adjudicó el 22 de mayo de 2024 por 178.240,22 euros. Según el certificado final de obra, los trabajos concluyeron el 12 de diciembre de 2024, y el Ayuntamiento recibió formalmente las obras el 4 de febrero de 2025, con un importe final de 179.798,08 euros.
El acta de recepción, firmada por el interventor y el secretario general de la corporación, certifica la instalación de 17 cámaras, desglosadas por emplazamientos. Desde entonces ha transcurrido más de año y medio sin que la situación se haya regularizado. El Partido Popular reclama además que el Gobierno municipal aclare qué ha ocurrido con las imágenes captadas durante todo este tiempo, si existe la evaluación de impacto en materia de protección de datos que la normativa exige para este tipo de sistemas, si el tratamiento está inscrito en el registro de actividades del Ayuntamiento y qué informe emitió al respecto el delegado de protección de datos municipal.
«Queremos saber qué se ha grabado, dónde se ha guardado, quién ha tenido acceso y con qué amparo legal», afirma el portavoz popular. «Los vecinos tienen derecho a saberlo, y el Ayuntamiento tiene la obligación de explicarlo». El portavoz popular concluye: «Los vecinos de Les Torres llevan años esperando estas cámaras y merecen que funcionen conforme a la ley. Aquí nadie gana nada teniendo un sistema de 180.000 euros que no se puede utilizar. Lo que pedimos es muy simple: que se regularice cuanto antes, que se explique qué ha pasado y que esto no vuelva a ocurrir».
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