El diputado y secretario general del Partido Popular de Cataluña, Daniel Serrano, ha denunciado que la decisión de suprimir las tarjetas comedor “es improvisada, equivocada e irresponsable y provocará que haya niños que desgraciadamente no tengan garantizado el acceso a la alimentación durante el mes de agosto”.
Durante su intervención en la diputación permanente, Daniel Serrano ha lamentado que el Govern haya decidido suspender estas tarjetas durante el mes de agosto teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas beneficiarias de becas comedor.
En este sentido, el diputado Popular ha afirmado que “las ayudas sociales no pueden circunscribirse a una competencia concreta de un Departamento ni tampoco a una situación jurídica específica sino que se han de extender más allá del estado de alarma”, en este caso, “y por tanto extender más allá de lo que en una situación de normalidad procedería”.
Serrano ha añadido que se debería haber modificado de urgencia la normativa porque “no es de recibo que el Govern se ampare en la legalidad para no haber extendido el sistema de tarjetas monedero”, más si cabe cuando en otras comunidades autónomas se han garantizado esas becas comedor fuera del periodo no lectivo como es el caso de Madrid.
El dirigente Popular ha asegurado que “con un simple decreto de artículo único, el Govern podría haber hecho esa excepción, pero no lo han querido hacer y han preferido dejar inoperativas esas tarjetas monedero a fecha de 31 de julio, demostrando ser a veces cicatero en lo social pero manirroto para lo superfluo”.
Por otro lado, Daniel Serrano también ha denunciado la intención del Govern de “endosar ahora a los consells comarcales y los ayuntamientos esta medida precipitada e improvisada”. “No tenían suficiente los ayuntamientos con que el gobierno de España ‘más progresista de la historia’, pretenda expropiarles los ahorros, ahora encima el Govern pretende de forma improvisada endosarles esta responsabilidad como ya hicieron con la financiación de las guarderías”, ha añadido.
Serrano ha recordado que el gobierno de España transferirá 130 millones de euros al Govern para hacer frente a la emergencia educativa, “que aunque seguramente no sean suficientes, permitirían que no se juegue con el derecho a la alimentación de menores vulnerables”.
Finalmente, ha concluido recordado que “las familias están atravesando momentos de mucha angustia y la obligación de la administración es facilitarles el acceso a la alimentación y no complicarles la vida con sistemas farragosos de competencias entre departamentos”.
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