El Ejecutivo de Sánchez continúa operando con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, saltándose el control parlamentario para aprobar gastos millonarios. Cuca Gamarra (PP) ha denunciado que se están asumiendo «nuevos compromisos de inversión que cumplir» para este 2026 sin informar debidamente a las Cortes.
La gota que ha colmado el vaso es el envío de la fragata Cristóbal Colón a la contienda en Irán, una decisión tomada «sin consentimiento ni autorización ni explicaciones en el Congreso». Esta política de hechos consumados refleja el desprecio sistemático del PSOE por las instituciones democráticas y la soberanía nacional. No se puede enviar a nuestras tropas a escenarios de conflicto mientras se ocultan los detalles técnicos y estratégicos de la misión a los representantes de los ciudadanos.
A este despliegue se suma la reciente transferencia de 1.339 millones de euros aprobada en el Consejo de Ministros, un movimiento ejecutado con una opacidad absoluta. Los populares han registrado ya las peticiones de comparecencia de los ministros implicados para que den la cara en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. María Jesús Montero, Margarita Robles y Jordi Hereu deberán explicar por qué se gasta el dinero de todos sin una planificación presupuestaria real y actualizada.
La cifra total bajo sospecha es mareante, alcanzando los 33.936 millones de euros ya adjudicados durante el pasado ejercicio 2025. El PP cuestiona seriamente los criterios de subcontratación y los mecanismos de financiación utilizados para estos desembolsos que no figuran en las cuentas ordinarias. Es imperativo que el Gobierno aclare de qué partidas se está detrayendo el dinero para tapar los agujeros de su gestión en Seguridad y Defensa.
Desde la oposición se alerta de que Margarita Robles se encuentra desaparecida, «rehuyendo las sesiones de control al Gobierno» de manera sistemática. Esta actitud de bloqueo impide conocer si las empresas adjudicatarias tienen capacidades reales para desarrollar los proyectos estratégicos de España. No se puede permitir que la seguridad nacional dependa de contratos que podrían estar respondiendo a criterios puramente arbitrarios o de conveniencia política.
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