Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la izquierda ha demostrado una absoluta falta de interés institucional por uno de los principales problemas de los españoles. No ha construido un parque público de viviendas sociales digno de ese nombre. Durante años, los diferentes ejecutivos sanchistas han preferido la confrontación verbal. Han criticado con dureza a los fondos buitre y al turismo mientras omitían su propia responsabilidad en la escasez de oferta.
La realidad evidencia una contradicción constante. En lugar de impulsar la construcción progresiva de inmuebles públicos, muchos ayuntamientos financiaron sus presupuestos y estructuras partidistas gracias a la especulación urbanística. La iniciativa privada tampoco ha recibido facilidades. Se han impuesto impuestos abusivos y trabas kafkianas que han frenado el desarrollo natural del sector, ahogando cualquier posibilidad de expansión accesible.
La entrada de socios populistas como Podemos y Sumar es una de las causas que agravan este problema. Las vicepresidencias de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se tradujeron en pura retórica ideológica y absoluta inacción práctica. Uno de los mayores despropósitos actuales es la absoluta indefensión ante la inquiokupación. La inseguridad jurídica campa a sus anchas, desincentivando a cualquier pequeño propietario que se plantee poner su piso en el mercado.
El Estado traslada de manera injusta su propia responsabilidad social a los particulares. Pretender que una familia vulnerable resida a costa de un casero privado, prohibiéndole incluso gestionar sus suministros, subvierte los principios básicos de la justicia. Si existen ciudadanos en situación de vulnerabilidad, la administración debe asumir su papel. Corresponde al Gobierno articular líneas de ayudas públicas directas y contrastadas, en lugar de obligar al propietario particular a soportar ese coste.
Así se explica la actual asfixia del alquiler. Los pequeños ahorradores huyen despavoridos ante un marco normativo hostil, demostrando que la demagogia de la izquierda solo genera más exclusión y problemas sin resolver.
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