El CAC (Consejo del Audiovisual de Cataluña) se convirtió, durante el proceso secesionista, en el gran blanqueador de los abusos que cometían los medios de comunicación de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, que eran, y siguen siendo, las herramientas de propaganda secesionista más importantes. Y les voy a contar un caso que recogí en el libro ‘Flipando con el proces’ (aquí pueden comprarlo).
Dentro del CAC la voz más crítica fue la del consejero Daniel Sirera. Sus continuos votos particulares, y su actividad en redes, me fue muy útil como periodista para denunciar la complicidad con el secesionismo de un organismo que debía vigilar que los medios públicos cumplieran con su misión de estar al servicio de todos los ciudadanos, no del gobierno de turno.
No fue así, y Sirera fue implacable. La consejera Eva Parera también fue muy crítica con la mayoría separatista de CAC y denunciaba sus excesos, pero no de una manera tan continuada. En una ocasión Sirera denunció lo que fue un comportamiento alucinante por parte de la principal estrella de Catalunya Ràdio, Mónica Terribas. El 22 de septiembre de 2017, desde el programa matinal de la emisora de la Generalitat, esta locutora pidió a los oyentes que fueran delatando los movimientos de los vehículos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en plena operación judicial y policial para frenar la consulta ilegal convocada para el 1 de octubre de ese año. Y fue pasando en antena las llamadas que informaban de las localizaciones de los automóviles de los cuerpos policiales.
Este hecho ya da para un “caso” de este libro. Pero hubo más. Este tema llegó al CAC, y el presidente, Roger Loppacher, vulneró los derechos de Sirera al impedir que participara en el debate y votara un acuerdo sobre la actuación de la periodista Mònica Terribas. Sirera llevó su exclusión del debate a la justicia y el juzgado de lo contencioso administrativo número 11 de Barcelona le dio la razón.
La sentencia dictó que la forma en la que se debatió y votó la abstención del consejero Daniel Sirera “conculca la legalidad”. La magistrada afirmó que “quedó acreditado que la adopción del Acuerdo 96/2017, de 18 de octubre se ha alcanzado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y de las normas que contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, por lo que es nulo de pleno derecho”.
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