“Las conclusiones de la comisión sobre el 155 son completamente ilegales, revanchistas y sembradoras de odio” porque “retuercen la realidad de una forma vergonzosa para introducir el veneno de la radicalidad y de la división”.
Así lo ha dicho el jefe de la oposición y presidente del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, en su intervención en el debate sobre el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la Aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña (CIACE). Ha recordado que la formación liberal propuso crear una comisión de estudio sobre la dependencia, cuando se inició esta “comisión 100% procesista” en la que se negó a participar.
El líder naranja ha explicado que “se votaron leyes ilegales, se arrasaron los derechos de los catalanes, se convocó ilegalmente y a sabiendas un pseudoreferéndum, se pusieron urnas el 1 de octubre y, ni en ese momento, el Estado tampoco aplicó el 155”.
Carrizosa les ha reprochado a los partidos del Govern que siguieran en el gobierno “para pilotar los enfrentamientos y obtener las fotos y el relato victimista del 1-O”. Y ha responsabilizado a los que “luego salen por la tele sin arrepentirse de la división que provocaron, de la pena que causaron, de la pobreza y del miedo que trajeron a tantas familias catalanas”.
Carrizosa ha asegurado que la aplicación del artículo 155 volvió a convertir a Cataluña “en un país democrático y constitucional” y dio “tranquilidad a los que quieren ser ciudadanos de una Cataluña dentro de España y de Europa”.
También ha manifestado que se evitó que “un gobierno sin escrúpulos implantase las vergonzosas leyes que quitaban el pasaporte a sus ciudadanos”, y que “personas como Puigdemont eligieran a los jueces” o que “Torra llevase la política inmigratoria en la nueva república”, o que “amables y cultas ultranacionalistas como la consellera Koiné, Mariàngela Vilallonga, erradicasen de su república el idioma de los colonos que, según ella, trajo Franco”.
Finalmente, ha hecho un llamamiento al gobierno de Sánchez para que recurra estas conclusiones ante el Tribunal Constitucional (TC) porque “es contradictorio que lo que defendió el PSOE en el Senado y ratificó el TC, por unanimidad, no se defienda por el gobierno ante los tribunales”.
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