Constitución española de 1978: ni reforma fraudulenta ni derogación de facto

Entiendo que los separatistas ibéricos, en especial los catalanes, nunca han tenido intención de cumplir ni han cumplido la Constitución oficial y formalmente vigente, todavía hoy, en todas las instituciones y todos los territorios del Estado español.

La juraron y perjuraron en un primer momento (1978) con el propósito deliberado y oculto -después, progresivamente manifiesto- de utilizarla como marco legal inclusivo y medio político para acceder a su meta final: una Cataluña fuerte y unida (¡financiada por el Estado opresor!), a la vez  dentro y fuera pero siempre por encima de España, una España reducida en última instancia a una amalgama de territorios sin estructuras de Estado y, por supuesto, sin gobierno unitario propio.

Esa es, en mi opinión, la independencia que quieren y persiguen para Cataluña y, cómo no, para España.

No es probable que consigan su objetivo, pero, si les dejamos que sigan adelante con su plan y sus múltiples traiciones, es más que probable que terminen hundiendo a España, Cataluña incluida, en el caos socio-político y, a partir de él, en una ruina económica sin precedentes por su profundidad y amplitud.

Ante semejante panorama, entiendo que España necesita con carácter urgente y perentorio  políticos y ciudadanos que, prescindiendo de adscripciones ideológicas, cobren conciencia de la gravedad de la situación y actúen de manera unitaria y decidida en defensa de la sociedad española en su conjunto.

Así, pues, en nombre del Estado de derecho, ni reforma fraudulenta ni derogación de facto de la Constitución vigente sino cumplimiento fiel de la Ley.   

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