La Fundación CYD (Crecimiento y Desarrollo), presidida por Ana Botín, acaba de presentar la decimoquinta edición de su informe anual sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social de España. Este informe incluye el llamado ranking CYD, que analiza cómo forman las universidades a sus estudiantes, cuáles son sus actividades de investigación, qué calidad tienen sus propuestas para transferencia de conocimiento, su orientación internacional y su contribución a las economías regionales.
Los resultados de esta edición del Informe de la Fundación muestran que las 15 universidades que obtienen un mayor número de indicadores en el grupo de “mayor rendimiento” están concentradas principalmente en Cataluña, Madrid, Navarra y el País Vasco. En concreto, son la Autònoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid (que desbanca a la Universidad de Navarra), Navarra (primera Universidad privada del ránking), Pompeu Fabra, Pontificia Comillas, Mondragon Unibertsitatea, Barcelona, Ramon Llull, Politècnica de Catalunya, Carlos III de Madrid, Rovira i Virgili, Deusto, València – Estudi General, Girona y Politècnica de València.
En cuanto a las tasas de ocupación, se refleja que, por regiones, destacan Cataluña, Navarra y el País Vasco, donde el 5% o menos de sus plazas quedaron sin cubrir en el curso 2018-2019. En el lado opuesto, se sitúan Castilla y León, Asturias y Cantabria, con entre el 20% y 25% de plazas sin cubrir, y Extremadura, con más del 30%. En el período que abarca 2010-2011 y 2018-2019, Aragón y Madrid han sido las regiones que más han mejorado su tasa de ocupación. En la primera, porque se combina un avance de la matrícula de nuevo ingreso con un descenso de la oferta de plazas, y en el caso de Madrid porque el ascenso de la matrícula ha superado al registrado por la oferta.
El Informe CYD es la investigación que mejor describe y analiza en España la situación global de la universidad nacional, evidenciando que, si bien responde con solvencia a las demandas de la sociedad, las transformaciones económicas y sociales fruto del cambio tecnológico proponen retos y desafíos que precisan de más recursos y de una reforma del marco legal al que está sometida. Ana Botín, presidenta de la Fundación, aseguró en la clausura del acto de presentación del informe 2018 que “la reforma de la universidad española es algo que todos debemos acometer”. “Lo que estamos viviendo –dijo- no solo es una transformación radical sino que se está dando a una velocidad exponencial. Esto hace que la distribución del saber se encuentre en el epicentro de todas las posibilidades de prosperidad futura. A diferencia de las revoluciones anteriores, el saber no es un recurso finito sino todo lo contrario: cuanto más se sabe más se puede y debe saber. El crecimiento del saber también es exponencial y ahí es donde radica su valor exponencial: quien se adelanta, gana; quien se retrasa pierde”, añadió.
La presidenta del primer banco español, además, recalcó la necesidad de que se aumenten los recursos: “Si la sociedad no pone los medios para que el acceso al saber sea un proceso abierto y accesible a la mayoría, simplemente no vamos a ser capaces de mantener los niveles de igualdad y eficiencia que la sociedad reclama”. De hecho, el último informe de la Fundación CYD indica que España se encuentra entre los 11 países de la OCDE con un indicador más reducido tanto en el gasto público en educación superior sobre el PIB como sobre el gasto público total. Sin embargo, refleja que el gasto en I+D en educación superior ha aumentado en España un 4,4% en 2017 respecto al año anterior.
El estudio apunta que la mayoría de indicadores todavía no alcanzan los resultados obtenidos en los últimos años de expansión de los ejercicios 2006-2007. Sigue la disminución del número de estudiantes de grado en las universidades públicas y de titulados de grado. También persiste la tendencia en relación a los resultados de investigación: más cantidad, menos calidad.
Por otra parte, el Informe CYD 2018 incide también en la responsabilidad que tienen universidades, empresas, empleadores y Gobierno a fin de establecer las acciones que permitan mejorar la empleabilidad de los graduados universitarios para la consecución de más y mejor empleo, garantizando al mercado laboral profesionales con las competencias y habilidades requeridas. Sobre la inserción laboral de los graduados superiores, señala que la tasa de actividad de los graduados españoles de los últimos tres años era en 2018 del 91,6%, quinto valor más reducido de los 28 países de la UE, mientras que la de los titulados en los últimos cinco años era del 92,5%, la décima menor. En cuanto a los recién graduados superiores españoles, en los últimos tres años, registraban una tasa de empleo del 75,9%, 7,5 puntos porcentuales por debajo del dato de la UE-28 y cuarto valor más reducido en el contexto UE.
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