Lejos de regresar a su época dorada, Barcelona se aleja, más y más, de la posibilidad de recuperar la seguridad en sus calles. Mientras tanto, el Gobierno central se dedica a intentar acallar a crispación en el sector de la seguridad privada, con promesas vanas de conceder la consideración de agentes de la autoridad a los vigilantes.
El caos se apodera de las calles y sus ciudades desbordadas por la delincuencia en gran mayoría atribuida a los «nuevos catalanes» (aunque las estadísticas las intenten ocultar). Son personas migrantes que, en su gran mayoría, viven de las ayudas públicas y que gracias al efecto llamada de ciertos partidos políticos (que claman por una falsa solidaridad), han poblado nuestro panorama actual.
Los podemos identificar fácilmente porque campan a sus anchas, entre privilegios, ayudas económicas y delitos de toda índole. Todos los medios de comunicación veraces y las redes sociales, nos muestran a diario, la problemática de inseguridad jamás antes vivida en Cataluña y más concretamente en Barcelona.
Por otra parte, tenemos a su alcaldesa, la Sra. Ada Colau, que nos dice que la delincuencia ha disminuido con respecto a 2019 en Barcelona. Me pregunto: ¿A qué Barcelona se refiere? Y retomando el tema de la seguridad privada, concretamente en el transporte público, si ya era difícil controlar el tema de las mascarillas, ahora se ha vuelto un despropósito con el bono gratuito de transporte.
No hay posibilidad, ni medios personales, ni materiales, pero tampoco protocolos a seguir para poder canalizar un flujo de pasajeros que desborda a la seguridad privada. Pero como siempre, a nadie parece preocuparle, hasta que salen en las noticias, las agresiones a este sector que es sin duda el más desfavorecido y que está siempre en primera línea.
También podemos mencionar el nuevo dispositivo llevado a cabo por la policía autonómica para intentar interceptar a los delincuentes que campan libremente por las ciudades y pueblos de la provincia de Barcelona. Dicho dispositivo cuenta con la colaboración de los vigilantes de seguridad, cuya función es la de identificar visualmente a delincuentes para posteriormente informar a las dotaciones Mossos o policía local, presentes en los andenes de las estaciones.
Unos servicios de seguridad privada en transportes públicos, peligrosos, mal renumerados y con una disminución continua de voluntarios. Sin duda, estamos viviendo una etapa de decadencia política en materia de seguridad ciudadana, en nuestra joven democracia. Difícil recordar tanta inseguridad en las calles.
Se reclama continuamente la falta de efectivos policiales en las calles, mientras Guardia Civil y Policía Nacional están recluidos en sus dependencias. Quienes tienen atribuidas las competencias en seguridad pública son atados de pies y manos, sin dejarlos actuar tan sólo por cuestiones políticas.
Se echa mano de los profesionales de la seguridad privada que son los más olvidados por el sistema político y judicial. El ciudadano no tiene la culpa y no debería ser el perjudicado en esta lucha de poder entre políticos autonómicos y estatales.
¡Ay, Barcelona! No te reconozco.
Santiago Granados, vocal de Seguridad Privada de Politeia
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