Secuestraron a Miguel Ángel Blanco dos semanas antes de mi nacimiento. Crecí, por lo tanto, tras el punto de inflexión que produjo en el seno de la sociedad un crimen tan execrable. El terrorismo, ya sea de origen religioso, ideológico o mafioso, logra con gran facilidad sus objetivos: nunca llega a paralizar del todo la vida social, pero teje sobre los ciudadanos una red de temores e incertidumbre en su día a día. Después de aquello el miedo persistió, puesto que ETA siguió matando, pero se aglutinaron consciencias por el hartazgo de décadas de violencia.
23 años más tarde los movimientos secesionistas ya no asesinan, pero no ha cesado su hostigamiento a quienes discrepan de sus tesis. Lanzamientos de objetos, pintadas en viviendas y comercios, agresiones en centros universitarios, amenazas de muerte por redes sociales… Como ocurría con ETA, jóvenes con nulo trayecto vital recorrido son los ejecutores de las ideas de una dirigencia cobarde y llena de odio. Son fanáticos y su falta de tolerancia nos es de sobras conocida; los rechazamos, pero ya son incapaces de sorprendernos. Mucho más incomprensible es la actitud cómplice de personas no pertenecientes a su órbita ideológica, también capaces de confundir malintencionadamente brechas en la cara con manchas de kétchup.
El problema no encontrará su solución definitiva hasta que la educación obligatoria integre formación orientada a conocer esta mancha tan oscura de nuestro pasado. Introducirla en la asignatura de historia plantea una dificultad simple pero ineludible: en muchas ocasiones los últimos temas no se imparten por falta de tiempo. La recuperación de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, que de haber sido diseñada con mayor consenso hubiera supuesto una de las pocas decisiones acertadas de los años de Zapatero en la presidencia, podría ser una opción a considerar. Pero claro, “con la aritmética parlamentaria hemos topado”; bueno, con ella y con un presidente dispuesto a todo con tal de alargar su estancia en la Moncloa.
Arnau Martínez Garzón
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